La reciente aprobación de una ley en el Parlamento de Honduras para proteger la agroindustria ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores sociales y organismos internacionales como la Oacnudh, quienes advierten que la normativa profundiza la criminalización de la protesta y consolida la concentración de tierras. Aunque el oficialismo defiende que la ley busca asegurar las inversiones sin lesionar los derechos comunitarios, expertos de organizaciones civiles como el Cespad y el Bufete de Justicia para los Pueblos denuncian que el marco legal blinda privilegios corporativos.
Entre los puntos más polémicos de la ley destacan la introducción del "silencio administrativo positivo", que otorgaría licencias ambientales de forma automática ante la falta de respuesta estatal, y una cláusula de "inafectabilidad" que congela los procesos de regularización de tierras para la reforma agraria, protegiendo predios industriales incluso si estos no están en producción. Además, la legislación ordena el uso de la fuerza pública para disolver protestas que obstaculicen el transporte agroindustrial y exige al Ministerio Público y a la Policía acelerar los desalojos de tierras bajo el delito de usurpación. Los defensores de derechos humanos y la ONU alertan que estas medidas de fuerza podrían recrudecer los históricos conflictos agrarios y la violencia, especialmente en zonas de alta tensión como el Bajo Aguán, marginando el diálogo pacífico y exponiendo al Estado hondureño a nuevas sanciones internacionales por violar los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Fuente: Infobae, 05 de junio de 2026.